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Política • Seguridad, Integridad y Movimiento

Hacinamiento extremo: cárceles dominicanas operan a 142.3% y el senador Franklin Romero exige investigar

POR Noticias SIM • jueves, 15 de octubre de 2026 • 2 MIN DE LECTURA INFORMACIÓN VERIFICADA CON INTEGRIDAD

Resumen de Orientación Ciudadana SIM

Santo Domingo. El sistema penitenciario dominicano opera a más del 140% de su capacidad. El informe “Condiciones de Detención y Prisión 2025”, presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) a la Suprema Corte de Justicia, documenta una ocupación de 142.3% y describe dormitorios improvisados en baños, pasillos y hamacas. El reporte también revela que el 65% de los privados de libertad

Centro penitenciario en la República Dominicana (imagen de referencia)

Santo Domingo. El sistema penitenciario dominicano opera a más del 140% de su capacidad. El informe “Condiciones de Detención y Prisión 2025”, presentado por la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) a la Suprema Corte de Justicia, documenta una ocupación de 142.3% y describe dormitorios improvisados en baños, pasillos y hamacas.

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El reporte también revela que el 65% de los privados de libertad permanece en prisión preventiva, es decir, sin una condena firme.

El senador Franklin Romero pide investigar

Instalaciones penitenciarias en el país (imagen de referencia)

El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, insistió este miércoles en su preocupación por las condiciones de los internos y recordó que solicitó ante el Senado la conformación de una comisión para investigar posibles vulneraciones de sus derechos fundamentales.

El legislador sostuvo que las estadísticas sobre la situación penitenciaria son ciertas y que las denuncias deben dar lugar a las querellas correspondientes para que las autoridades competentes investiguen. Denunció además que existen recintos diseñados para albergar a 100 personas en los que llegan a ingresar hasta 500 privados de libertad.

Por qué importa

El hacinamiento no es solo un problema de infraestructura: multiplica la violencia interna, dificulta la reinserción y convierte la prisión preventiva —que debería ser excepcional— en una condena anticipada para miles de personas. El informe de la Defensa Pública pone los números sobre la mesa; ahora la presión política, encabezada por Romero en el Congreso, busca que se traduzcan en acciones.

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