Un mes de prisión preventiva por fraude eléctrico: el caso que la PGASE descubrió en la punta de una escalera en La Romana
Resumen de Orientación Ciudadana SIM
LA ROMANA. Un mes de prisión preventiva deberá cumplir un hombre acusado de intervenir de forma ilegal las redes eléctricas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste). La decisión la tomó la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, como medida de coerción. El imputado, identificado como Miguel Maldonado , fue detenido en flagrante
LA ROMANA. Un mes de prisión preventiva deberá cumplir un hombre acusado de intervenir de forma ilegal las redes eléctricas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste). La decisión la tomó la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana, como medida de coerción.

El imputado, identificado como Miguel Maldonado, fue detenido en flagrante delito la tarde del pasado 8 de octubre por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), adscritos a la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), mientras realizaban labores de patrullaje en la calle 15 del sector Pica Piedra, en el municipio Villa Hermosa.
Según la nota de prensa del órgano acusador, Maldonado fue sorprendido en lo alto de una escalera de aluminio de aproximadamente 10 pies, mientras presuntamente realizaba intervenciones directas y no autorizadas en las redes eléctricas de Edeeste.
Durante la requisa corporal, las autoridades le ocuparon una pinza de corte azul y negra, que llevaba en el bolsillo izquierdo del pantalón.

El Ministerio Público acusa al imputado de violar varios artículos de la Ley General de Electricidad 125-01, modificada por la Ley 186-07, en perjuicio de Edeeste y del Estado dominicano.
La medida de coerción deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-15 Cucama, en La Romana, mientras avanza el proceso judicial.
El fraude eléctrico es uno de los delitos que más pérdidas generan al sistema eléctrico nacional. Las intervenciones no autorizadas en las redes no solo constituyen un delito, sino que ponen en riesgo la vida de quienes las realizan y la estabilidad del servicio para toda la comunidad.

