Extradición de tres dominicanos: Raquel Peña firma los decretos 716, 717 y 718-26 contra narcotráfico, asesinato y fraude
Resumen de Orientación Ciudadana SIM
Extradición de tres dominicanos: Raquel Peña firma los decretos 716, 717 y 718-26 contra narcotráfico, asesinato y fraude Santo Domingo. — La vicepresidenta Raquel Peña, encargada del Poder Ejecutivo, dispuso la entrega en extradición a Estados Unidos de tres ciudadanos dominicanos mediante los decretos núms. 716-26, 717-26 y 718-26, en casos que involucran narcotráfico, homicidio y fraude electró
Extradición de tres dominicanos: Raquel Peña firma los decretos 716, 717 y 718-26 contra narcotráfico, asesinato y fraude
Santo Domingo. — La vicepresidenta Raquel Peña, encargada del Poder Ejecutivo, dispuso la entrega en extradición a Estados Unidos de tres ciudadanos dominicanos mediante los decretos núms. 716-26, 717-26 y 718-26, en casos que involucran narcotráfico, homicidio y fraude electrónico.
Los tres extraditados:
- Darío Bautista (Decreto 716-26): acusado de asociación delictuosa para importar a Estados Unidos cinco kilogramos o más de una sustancia con cocaína detectable, según acusación formal del 28 de agosto de 2025 ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Puerto Rico.
- Ramón Joaquín Romero Bastardo (Decreto 717-26): requerido mediante el expediente IND-74900-24, presentado el 29 de octubre de 2024 ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, condado del Bronx, por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, agresión en grupo en primer grado, agresión en segundo grado y posesión ilícita de un arma en cuarto grado.
- Luis Arismendy Paca Méndez (Decreto 718-26): requerido por acusación sustitutiva del 12 de febrero de 2026 ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, por asociación delictuosa para cometer fraude electrónico.
Las tres entregas están condicionadas al cumplimiento de la garantía prevista en el artículo 6 del Tratado de Extradición entre la República Dominicana y Estados Unidos, aprobado mediante la Resolución núm. 507-16, del 10 de junio de 2016.
La cooperación judicial entre ambos países sigue siendo una de las herramientas centrales en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
