Agresiones a periodistas y archivos bajo presión: la SIP advierte sobre la integridad del ejercicio periodístico en RD
Resumen de Orientación Ciudadana SIM
La integridad del trabajo periodístico también es un tema de seguridad: la SIP documentó agresiones a periodistas en coberturas y, al mismo tiempo, celebró una sentencia que protege los archivos de prensa frente a intentos de borrado.
La seguridad de quienes informan y la integridad de lo ya publicado son dos caras del mismo tema. El informe por país de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre República Dominicana, presentado ante su 82ª Asamblea General en Bogotá, documentó episodios de agresión o restricción durante coberturas periodísticas: el corresponsal de RNN en Santiago, Junior Marte, fue empujado por un agente penitenciario el 15 de mayo, y el periodista y abogado Gregorio del Rosario, de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono a finales de julio mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.
El organismo advirtió, en términos generales, de señales que requieren atención sobre restricciones al ejercicio del periodismo, relacionadas con el acceso a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el deterioro del ecosistema informativo digital. También señaló su inquietud por la reducción del contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios tras la eliminación de La Semanal, y su preocupación por disposiciones del Código Penal sobre la expresión pública.
En el otro lado de la balanza, la SIP destacó una sentencia del Tribunal Constitucional de septiembre pasado que protege la integridad de los archivos periodísticos: el tribunal rechazó un recurso que buscaba eliminar publicaciones de Diario Libre y Google LLC de 2019 sobre una persona investigada en el caso de César el Abusador, al considerar que provenían de fuentes oficiales, eran de interés público y no se había demostrado que fueran falsas. Para la SIP, esa decisión es un precedente relevante para que informaciones legítimamente publicadas no se borren mediante una aplicación indebida del derecho al olvido.
