Contraloría detecta 15 empleados públicos en «Familias de Cariño» y pagos por más de RD$162 millones sin soporte completo
Resumen de Orientación Ciudadana SIM
Santo Domingo.– Una auditoría de la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) reveló que el programa «Familias de Cariño», creado para atender a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mantuvo durante 2024 entre sus beneficiarios a por lo menos 15 servidores públicos que recibían salarios de otras instituciones estatales , algunos de hasta
Santo Domingo.– Una auditoría de la Contraloría General de la República al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) reveló que el programa «Familias de Cariño», creado para atender a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, mantuvo durante 2024 entre sus beneficiarios a por lo menos 15 servidores públicos que recibían salarios de otras instituciones estatales, algunos de hasta 200,000 pesos mensuales.
El informe, correspondiente al período septiembre de 2020 a diciembre de 2024, establece que 12 de los servidores públicos figuraban como cuidadores de adultos mayores, mientras que los otros tres estaban registrados como envejecientes beneficiarios del programa.
Los 12 cuidadores recibían del programa pagos de 15,000 pesos mensuales (uno percibía 5,000), al tiempo que devengaban en otras entidades públicas salarios de entre 30,000 y 155,000 pesos al mes, por un total de 784,550.32 pesos mensuales. Los auditores revisaron las nóminas de enero, junio y diciembre de 2024, período en el que identificaron pagos del programa por 170,000 pesos mensuales a esos 12 cuidadores.
La Contraloría también identificó a tres personas registradas como envejecientes que figuraban en nóminas de otras instituciones del Estado, con remuneraciones de hasta 200,000 pesos mensuales. El informe advierte que esta situación representa riesgos de inclusión de personas que no cumplen los requisitos, duplicidad de beneficios y aumento del gasto público.
Entre las demás irregularidades, la Contraloría detectó 35 operaciones de pago por 162,239,154.94 pesos, mediante cheques y libramientos, cuyos expedientes carecían de los documentos de respaldo requeridos, como el Registro de Proveedores del Estado (RPE) y certificaciones de la DGII y la Tesorería de la Seguridad Social.
También encontró debilidades en la documentación del personal: de una muestra de 114 expedientes de trabajadores activos, 111 carecían de contratos de trabajo o nombramientos y 101 no tenían la carta de no objeción del Ministerio de Administración Pública. Además, 15 de los 42 vehículos oficiales no estaban debidamente rotulados, y la institución no presentó el título de propiedad de la edificación donde funciona su sede.
El Conape remitió a la Contraloría, en una comunicación del 10 de marzo de 2026, una matriz de plan de acción con las correcciones en curso. Sin embargo, todos los hallazgos quedaron con el estatus de «en proceso de subsanación», por lo que la auditoría no los dio por cerrados.
La lección para la ciudadanía es clara: los programas sociales solo cumplen su misión cuando cada peso llega a quien realmente lo necesita. Los cruces periódicos entre las nóminas del Estado —la medida que recomienda la Contraloría— son el mecanismo más sencillo para evitar que los beneficios se dupliquen y para que los recursos de los envejecientes vulnerables no terminen en manos de quienes ya tienen un salario público.
Fuentes: Contraloría General de la República (informe de auditoría al Conape, 24 de marzo de 2026); Diario Libre.
